Legalidad no es sinónimo de justicia

Legalidad no es sinónimo de justicia

El hecho de que un impuesto haya sido aprobado por un gobierno conforme a un procedimiento legal no implica automáticamente que sea justo, legítimo ni socialmente aceptable. La legalidad es un requisito formal; la justicia es una exigencia material.

Desde un punto de vista jurídico-político, un sistema tributario sólo es legítimo cuando respeta principios básicos reconocidos en los Estados democráticos:

1. Principio de capacidad económica

Los impuestos deben gravar la riqueza real y disponible.

Cuando un tributo castiga el ahorro, la ayuda familiar o recursos ya sometidos a imposición previa, se rompe este principio y se entra en una fiscalidad confiscatoria.

2. Principio de proporcionalidad

La carga fiscal debe ser razonable y equilibrada.

Un impuesto que asfixia a familias, dificulta el acceso a la vivienda o impide el desarrollo económico deja de ser un instrumento de redistribución para convertirse en un obstáculo social.

3. Principio de finalidad social

La recaudación tiene sentido cuando se orienta al interés general.

Si los impuestos sirven principalmente para sostener estructuras políticas sobredimensionadas, duplicidades administrativas o gasto ineficiente, pierden su legitimidad moral.

4. Principio de seguridad jurídica

El ciudadano no puede vivir bajo la presunción permanente de fraude.

Un sistema fiscal que genera miedo, inseguridad y persecución desincentiva el ahorro, la inversión y la cohesión social.

Conclusión

Un impuesto puede ser legal y, aun así, profundamente injusto.

Puede cumplir la ley y, al mismo tiempo, dañar a la economía familiar, romper la solidaridad intergeneracional y erosionar la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

Cuestionar impuestos abusivos no es insumisión ni irresponsabilidad.

Es una exigencia democrática legítima cuando la fiscalidad deja de servir al pueblo y comienza a perjudicarlo.

Un Estado fuerte no es el que más recauda,

sino el que recauda con justicia, gasta con responsabilidad y gobierna con respeto.

Plataforma Social Canaria