La legalidad no equivale a legitimidad.
El hecho de que un gobierno apruebe y legalice unos impuestos no los convierte automáticamente en justos.
A lo largo de la historia, muchas leyes han sido legales y, sin embargo, profundamente injustas, especulativas y dañinas para la sociedad. Cuando un impuesto asfixia a las familias, castiga el ahorro, penaliza la solidaridad entre padres e hijos y dificulta el acceso a una vivienda, deja de cumplir su función social y se convierte en un instrumento de expolio.
Un sistema fiscal justo debe respetar tres principios básicos:
Proporcionalidad: no puede exigir más de lo razonable.
Capacidad económica real: no se puede gravar lo que ya no existe.
Finalidad social: recaudar para servir al bien común, no para sostener estructuras sobredimensionadas.
Cuando los impuestos se utilizan de forma abusiva, cuando se persigue al ciudadano honesto mientras se despilfarra lo recaudado, el problema ya no es fiscal: es ético, económico y democrático.
El pueblo no cuestiona la necesidad de contribuir.
Cuestiona el abuso, la injusticia y el daño deliberado a la economía familiar.
Y cuando una ley es injusta, cuestionarla no es insumisión:
es responsabilidad cívica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario