¡Lo de Hacienda ya no es control fiscal: es intervencionismo puro y duro!
La actuación reciente de la Agencia Tributaria en relación con las ayudas económicas entre padres e hijos para la adquisición de vivienda plantea serias dudas desde el punto de vista jurídico y constitucional.
El derecho de propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, ampara la libre disposición del patrimonio. Del mismo modo, el principio de autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, permite a los ciudadanos establecer libremente acuerdos y realizar transmisiones patrimoniales dentro del marco legal, sin que pueda presumirse de forma automática una finalidad fraudulenta.
La intensificación del control fiscal sobre transferencias familiares, préstamos privados y cuentas compartidas parte de una presunción generalizada de culpabilidad que vulnera principios básicos del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Resulta especialmente preocupante que se considere donación encubierta cualquier ayuda familiar destinada a la compra de una vivienda, ignorando la obligación legal de alimentos entre padres e hijos, que no se limita a la mera subsistencia, sino que incluye la cobertura de necesidades esenciales para el desarrollo personal y social.
La exigencia de una “trazabilidad reforzada” más allá de lo razonable supone una carga probatoria desproporcionada para el ciudadano, que convierte relaciones familiares legítimas en potenciales infracciones fiscales. Esta práctica no sólo desnaturaliza el espíritu del sistema tributario, sino que lo transforma en un mecanismo puramente recaudatorio, alejado de los principios de justicia, proporcionalidad y capacidad económica.
El Estado no puede ni debe comportarse como propietario último del patrimonio de los ciudadanos. La ayuda familiar no es un privilegio ni un fraude: es un derecho inherente a la libertad individual y a la estructura básica de la sociedad.
2) Versión con tono combativo
Esto ya no es control fiscal: es intervencionismo puro y duro.
Hacienda ha decidido tratar a los padres como sospechosos y a los hijos como presuntos defraudadores por el simple hecho de ayudarse entre ellos. En un país donde el acceso a la vivienda es cada vez más imposible, el Estado no ofrece soluciones, pero sí castiga a quienes intentan sobrevivir fuera de su dependencia.
Se ha cruzado una línea roja cuando se pretende fiscalizar hasta el último euro que un padre entrega a su hijo, como si el dinero no fuera suyo o como si la familia necesitara autorización del Estado para ayudarse. Esta política parte de una premisa intolerable: que todo ciudadano es culpable hasta que demuestre lo contrario.
No vamos a aceptar que se criminalice la solidaridad familiar mientras el Estado derrocha, se endeuda y falla en garantizar derechos básicos. No es Hacienda quien genera riqueza, ni quien mantiene a las familias unidas. Es el esfuerzo de los ciudadanos.
Mi dinero no es de Hacienda. Es mío. Y tengo derecho a regalarlo, prestarlo o invertirlo en mis hijos sin que nadie me extorsione bajo amenaza de sanción.
Cuando el poder público invade la esfera privada y convierte la vida familiar en un campo de inspección, deja de servir al ciudadano y pasa a dominarlo. Y frente a eso, sólo cabe una respuesta: firmeza, resistencia y defensa de la libertad.
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